El Gobierno de Venezuela ha rechazado este miércoles el informe presentado por investigadores de Naciones Unidas que denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno en el país y ha recalcado que el documento está «plagado de falsedades».
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha manifestado que se trata de «un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».
Así, ha recalcado a través de su cuenta en la red social Twitter que la publicación de este documento «ilustra la práctica perversa de hacer política con los Derechos Humanos y no política de Derechos Humanos», antes de añadir que el Gobierno ya rechazó la formación de la misión de investigación.
«Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en Derechos Humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet)», ha defendido.
De esta forma, Arreaza ha reiterado la «cooperación» de Caracas con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y ha argüido que la misma «se ha generado de manera coordinada y constructiva» con la oficina de Bachelet. «Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de la relación», ha zanjado.
La misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Nicolás Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
En este sentido, concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta Maduro y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.
