El Gobierno de Bolivia ha anunciado su intención de presentar la próxima semana una demanda arbitral contra la empresa española IME Consulting por incumplimiento de contrato en relación con la compra de 170 respiradores por las que las autoridades del país habían pagado un sobrecoste.
«Hemos ordenado que se confeccione la demanda arbitral que está siendo terminada el día de hoy», explicó este jueves el ministro de Justicia boliviano, Álvaro Coimbra, que precisó que se espera que sea presentada el lunes «para que en un arbitraje se pueda establecer quién ha cumplido y quién no ha cumplido».
El ministro defendió que el Gobierno boliviano había cumplido su parte del contrato, por lo que lo que busca con esta demanda es recuperar los 2,2 millones de dólares por el pago del 50 por ciento del coste de los respiradores adquiridos en el marco de los esfuerzos frente a la pandemia de coronavirus.
«Nosotros tenemos la certeza de que el Estado boliviano ha cumplido y que el que no ha cumplido ha sido la empresa, más allá del sobreprecio», ha sostenido Coimbra, según informan los medios locales.
IME Consulting actuó como intermediaria en la adquisición de los respiradores a otra empresa española, GPA Innova, por los que el Gobierno boliviano pagó un sobrecoste, ya que le cobraron 27.000 dólares por cada uno cuando su precio de mercado era de unos 7.000. El escándalo provocó el cese y posterior arresto del ministro de Salud, Marcelo Navajas, así como de otros altos cargos.
Tras conocerse los hechos, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por paralizar el contrato y a mediados de agosto, solicitó a GPA Innova la finalización del contrato y la devolución al Estado boliviano de los 2,2 millones dólares (1,8 millones de euros) que se pagaron por adelantado.
Por su parte, IME Consulting acusó al Gobierno boliviano de haber perdido los respiradores. «El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado», señaló el abogado de la empresa española, Ramiro Vega, a una radio local.
