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Cárceles

Moreno declara el estado de excepción en las cárceles de Ecuador por el «caos» creado por «las mafias»

El anuncio de Moreno se ha producido poco después de que se diera a conocer la muerte de dos presos en el penal de la provincia Cotopaxi.

Lenin Moreno, presidente de Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado este martes el estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país, debido al «caos de «la mafias», llegándose a registrar más de una docena de muertes dentro de sus muros en las últimas dos semanas.

«Frente a los graves hechos, dispuse la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios», ha informado a través de su cuenta de Twitter.

El anuncio de Moreno se ha producido poco después de que se diera a conocer la muerte de dos presos en el penal de la provincia Cotopaxi, en el centro de Ecuador, tras una pelea.

Desde comienzos de mes se han producido varios altercados en diferentes centros penitenciarios de todo el país, ocasionando la muerte de casi una quincena de presos, entre ellas la de un ciudadano israelí en una cárcel de Guayaquil.

A principios de agosto, una pelea entre miembros de dos bandas rivales, ‘Los Lagartos’ y ‘Los Choneros’, finalizó con la muerte de once personas en otro penal de la misma ciudad, tal y como se ha podido leer en medios ecuatorianos.

Uno de los motivos que desencadenó este enfrentamiento armado, según apuntó la Policía Nacional, fue las precarias condiciones en las que se encuentra esta cárcel, con escasas medidas de higiene y hacinamientos en las celdas, una situación que se repite en los centros penitenciarios de todo el continente.

Se trata de la primera vez que el presidente Moreno recurre al estado de excepción para intentar solventar una situación de estas características, ya que en mayo del año pasado, y tras varias peleas en las cárceles del país, el Gobierno decretó el de emergencia durante 60 días para que las Fuerzas Armadas pudiesen tomar las riendas de la situación y, tal y como señaló por entonces, «prevenir acontecimientos de violencia al interior de los centros de rehabilitación social».

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