España ha asumido este lunes el liderazgo de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzado en Centroamérica y México (MIRPS) con la intención, según ha explicado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, de «aunar todos los esfuerzos con el objetivo de dar una respuesta coherente y conjunta» a estos flujos migratorios.
«Es un gran honor para España asumir la presidencia de la Plataforma y acompañar a todos sus miembros (…) en los próximos doce meses, en un periodo extremadamente complejo que ha venido a agravar una situación ya de por sí complicada con la pandemia» de coronavirus, ha dicho la jefa de la diplomacia española en una reunión de alto nivel celebrada de forma virtual.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha explicado que el MIRPS es una de las tres iniciativas concretas surgidas del pacto mundial sobre migrantes y refugiados, junto a las creadas para el Cuerno de África y Afganistán, para hacer frente al «fenómeno» del desplazamiento forzado.
El Salvador ejerce la Presidencia ‘pro tempore’ del MIRPS y España asume ahora la de la plataforma, que está integrada también por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea.
González Laya ha indicado que España tiene «tres objetivos muy sencillos», que son «buscar soluciones al problema del desplazamiento forzado; ofrecer protección a quienes lo sufren; y movilizar el apoyo de todos los sectores –públicos o privados, nacionales o internacionales–«.
La ministra ha señalado que para ello España tratará de «visibilizar esta situación, de manera que no forme parte de las crisis olvidadas», aprovechando para ello su participación en los foros internacionales.
Además, ha avanzado que intentará «ampliar la base de apoyos y de esfuerzos colectivos, de manera que haya un sentimiento de corresponsabilidad y solidaridad», para lo cual tratará de implicar a los bancos multilaterales de desarrollo, especialmente el interamericano, y al sector privado, que «tiene un importante papel que jugar».
Asimismo, España se propone «aprender y compartir buenas prácticas», «priorizando el diálogo y la cooperación». En este sentido, ha avanzado que el Gobierno español participará en la reunión anual del MIRPS que El Salvador organizará el próximo mes de noviembre.
González Laya ha comentado que España intentará igualmente que «un poco de la atención de la UE» se desvíe hacia los desplazamientos forzados en Centroamérica y México, poniendo como ejemplo la conferencia de donantes organizada el pasado 26 de mayo para los migrantes y refugiados venezolanos, que ha calificado de «éxito».
IMPERATIVO POLÍTICO
La ministra ha reivindicado que para el Gobierno de España la solidaridad y la cooperación internacionales son «un imperativo de la acción política». A este respecto, ha defendido que, si bien España se ha enfrentado a «una situación muy compleja» por la crisis sanitaria de la COVID-19 y ahora encara «el reto de la recuperación económica», «no podemos dejar a ningún país ni a ningún ciudadano atrás».
En el caso de Iberoamérica, González Laya ha recordado que son países «amigos», «hermanos» y «socios estratégicos» de España, de modo que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente «particularmente corresponsable» a la hora de ayudar a estas naciones a gestionar los flujos migratorios.
También ha recordado que España ha sentido los efectos del desplazamiento forzado en la región. En lo que va de año, ha precisado, se han recibido 118.000 solicitudes de asilo, de las cuales el 33% corresponden a venezolanos, el 30% a colombianos, el 6% a hondureños, otro 6% a peruanos y el 4% a nicaragüenses.
«CALDO DE CULTIVO»
Por otro lado, ha llamado la atención sobre el hecho de que el coronavirus ha azotado a la región en un momento en el que se enfrenta a «retos complicados», tales como «la consolidación política, la lucha contra la inseguridad, el crecimiento incluyente y la sostenibilidad ambiental».
«Esto es un caldo de cultivo que dificulta, por las tensiones que genera y por la inestabilidad que pueda generar, el gestionar los flujos migratorios», ha dicho la titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Grandi se ha expresado en el mismo sentido, avisando de que ayudar a estos países «no es solo una cuestión de solidaridad, sino de interés común», puesto que «si no se enfrentan las raíces profundas de los desplazamientos forzados la desestabilización podría ser mucho mayor».
El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que cuando se revoquen las medidas adoptadas para impedir el avance del coronavirus, que hasta ahora han frenado la migración, como el cierre de fronteras, «podemos esperar que los flujos migratorios se aceleren».
Grandi ha vaticinado que la presión aumentará especialmente sobre países como México, a donde llegan la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, pero también sobre Costa Rica o Panamá por la migración desde Nicaragua, donde –ha denunciado– han surgido «nuevas formas de persecución» asociadas a la pandemia.
«Ya se esta advirtiendo una nueva ola masiva de desplazamientos en Centroamérica y probablemente en el resto de la región», ha coincidido el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La ministra de Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, ha enfatizado asimismo la importancia de atacar las «causas estructurales» de los desplazamientos forzados, que todos han identificado como la violencia desatada por el crimen organizado, la falta de oportunidades, y la pobreza y el hambre, ahora asociadas además a factores climáticos.
«No es tanto la cooperación de los países, sino que el mundo torne los ojos a El Salvador y que vea las oportunidades de invertir, porque la inversión en nuestro país genera oportunidades», ha dicho Hill.
