El Gobierno de Perú y las clínicas privadas del país han llegado este jueves a un acuerdo sobre las tarifas que tendrá que aplicar por cada uno de los pacientes de la COVID-19 derivado a sus instalaciones, un día después de que el presidente, Martín Vizcarra, advirtiera al sector de que se podría llevar a cabo, «con la ley en la mano», una intervención estatal del mismo.
«El diálogo se inició con referencias muy claras y precisas al bien común y a la necesidad de unir esfuerzos», ha señalado uno de los mediadores del conflicto propuesto por el Ministro de Salud, el doctor Max Hernández.
«Se ha planteado una cantidad fija de unos 55.000 soles (14 euros), sea por el periodo que sea, desde un día o dos, hasta más de 30», ha revelado Hernández, quien ha explicado que «se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido».
Aunque «la cifra puede parecer muy alta», Hernández ha detallado en un diálogo con el telediario de América Noticias, que dicha cantidad será repartida entre los distintos costes que acarrea tratar a cada uno de los pacientes de la COVID-19.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú ha señalado a través de un comunicado que el acuerdo alcanzado va a permitir que aquellas personas que estén afectadas por la COVID-19 puedan ser transferidas desde los servicios públicos hacia las clínicas privadas, cuyos servicios serán abonados por los organismos de salud estatales.
Un día antes de que se lograra el acuerdo, Vizcarra manifestó, que amparándose en la Constitución de Perú y su artículo número 70, el Gobierno podría legalmente intervenir las clínicas privadas en caso de que en 48 horas no se alcanzara una solución.
«La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperamos que así sea», señaló.
La Constitución peruana, en su artículo número 70, contempla la posibilidad de expropiar un bien privado por causa, exclusivamente, de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de una indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio que se pudiera ocasionar.
NO HABRÁ PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA
Por otro lado, el presidente Vizcarra ha anunciado que el estado de emergencia sanitaria, junto con su correspondiente cuarentena, no será prorrogada después del 30 de junio, pero ha matizado que algunas medidas de restricción se mantendrán dependiendo del estado epidemiológico de cada región.
«Esta cuarentena con las características que todos conocen concluye el 30 de junio, pero hay cosas que deben continuar», ha afirmado Vizcarra, quien ha matizado que «las cosas que funcionan» para combatir la pandemia «se mantendrán».
Durante una visita oficial a las autoridades y a la región del departamento Áncash, en el noroeste del país, Vizcarra ha insistido en que a pesar de que la cuarentena llega a su fin en unos días, desde el primero de julio seguirán sin estar permitidas las reuniones masivas o la educación presencial en las escuelas, hasta que se logre una vacuna, que vaticina, se obtendrá en el último trimestre de 2020.
Vizcarra también ha contado que ha dialogado con las autoridades locales para gestionar el próximo paso una vez se levante la cuarentena. «Un análisis diferenciado», ha dicho, ya que «no se puede dar la misma medida para todas las regiones».
En su último balance, el Ministerio de Salud ha confirmado un total de 268.602 casos y 8.761 fallecidos, mientras que 156.074 personas han logrado el alta médica tras recuperarse de la enfermedad. Lima concentra gran parte de los contagios en el país, con más de 150.000 y casi la mitad de las muertes, poco más de 4.000.
