El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha enviado a la Asamblea Nacional la objeción o veto parcial al proyecto de Ley Humanitaria aprobado el pasado 15 de mayo, con 32 observaciones que, según el mandatario, permitirán que la norma sea un instrumento «justo, de apoyo a los más vulnerables y facilite la reactivación económica».
La actualización de la norma contempla la figura del contrato especial emergente. Este «se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o par nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios».
Este contrato podrá tener una duración de un año y contemplará una jornada de, como mínimo, 20 horas semanales y de hasta 40 horas como máximo, distribuidas en un máximo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias y con 24 horas consecutivas de descanso. Se determina también que, en caso de que se requiera renovar ese contrato, pasará a ser definitivo.
La objeción emitida por Moreno recoge la corrección de la interpretación de la causa de fuerza mayor para asegurar que «no existan abusos» por parte de las empresas, a la hora de despedir a personal de trabajo. Con ello, al mismo tiempo, se apunta a preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de negocios. Además, el jefe del Estado ha determinado que los acuerdos a los que lleguen los empresarios y empleados para reducir la remuneración, «en ningún caso se podrán concretar por debajo del salario básico unificado». Adicionalmente, se ha establecido que este tipo de acuerdos deberán constar por escrito.
Respecto al tema del empleo, el veto emitido señala que los empresarios podrán acordar la reducción de la jornada hasta un máximo del 50% y el pago corresponderá, en proporción, a las horas trabajadas y no será menor al 55% de la cantidad fijada previo a la reducción. Además, esta modalidad podrá efectuarse durante un año con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, una sola vez, mientras que en el texto aprobado por la Asamblea hace unos días se establecía que el periodo podía ser de dos años renovables por otros dos.
Por otro lado, Moreno quiere decretar el teletrabajo para el sector público y privado. Esta modalidad podrá tener tres formas, permanente, parcial y ocasional. «Se garantiza que quienes se acojan al teletrabajo tengan derecho a la desconexión, la cual deberá ser de, al menos, 12 horas consecutivas en un periodo de 24 horas».
Otro punto del veto determina que, mediante Decreto Ejecutivo, se fijará la política para el control de precios de la canasta básica familiar, la misma que regirá hasta diciembre de 2020 con el fin de evitar la especulación. Mientras, en el caso de los servicios básicos (incluyendo los servicios de telefonía y telecomunicaciones) se determina que no habrá incremento de las tarifas hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción.
Asimismo, se prohíbe la suspensión del servicio por impago hasta 30 días después de la vigencia de la nueva norma. Y, con el fin de que las empresas proveedoras recuperen liquidez y puedan cobrar a los usuarios que tienen valores pendientes, se determinan facilidades de pago. Entre ellas, que los valores adeudados se cancelen en seis cuotas sin multas ni intereses.
Respecto el apoyo a emprendedores y la reactivación económica y productiva, el jefe de Estado ha determinado que se den facilidades para que los empresarios que tengan pendientes el pago de valores a la seguridad social entre marzo y junio, puedan cancelarlos sin multa y sin recargo. Para quienes cuentan con afiliación voluntaria, se establecerán mecanismos como la renovación de convenios de pago. La norma también crea incentivos tributarios para que las instituciones del sistema financiero otorguen créditos y haya refinanciamiento o reestructuración de deudas pendientes.
Por otra parte, la nueva actualización establece que en los aeropuertos de las Islas Galápagos serán las autoridades involucradas, entre ellas los ministerios de Ambiente, Turismo, Salud y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, quienes elaboren informes técnicos en los que se valore la posibilidad de que aterricen vuelos internacionales.
Por último, la objeción parcial también garantiza que las pensiones para los exmandatarios de la República no se entreguen a quienes no hayan concluido su periodo por las causales dispuestas en la Constitución y por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, entre otros.
La Asamblea Nacional deberá analizar y resolver el veto enviado por el Ejecutivo, en el que también se contemplan facilidades en los trámites que se requieren nuevos emprendimientos. El Parlamento tiene 30 días de plazo.
