El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, ha reiterado este jueves su apoyo a que Argentina alcance un acuerdo con sus acreedores privados en el proceso de reestructuración de deuda, insistiendo en que desde el organismo están «alentados por la voluntad de todas las partes de continuar participando y encontrar un consenso».
«Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo que restablezca la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad en Argentina y allane el camino para un crecimiento económico fuerte e inclusivo», ha subrayado Rice.
Estas palabras van en línea con el último informe que el FMI emitió sobre la oferta de reestructuración de deuda realizada por el país, en el que valoraba la propuesta como «consistente» para el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda. Además, en el texto precisaba que el Ejecutivo argentino disponía de un «margen limitado» para incrementar sus pagos a acreedores privados mientras que, al mismo tiempo, cumple con los umbrales y servicios de deuda.
Por otro lado, el portavoz ha vuelto a señalar que el organismo multilateral aún no ha comenzado las discusiones con la Administración argentina sobre un nuevo programa. «Buscamos apoyar a Argentina y al pueblo argentino tanto como podamos, pero en esta etapa no hemos comenzado las discusiones sobre un nuevo programa respaldado por fondos para Argentina».
El anterior presidente argentino Mauricio Macri solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un megacrédito de 56.300 millones de dólares (49.726 millones de euros), de los cuales solo se recibieron cerca de 44.000 millones de dólares (38.862 millones de euros) después de que Fernández, tras asumir la jefatura del Estado, decidiera rechazar los préstamos restantes ya que fueron utilizados «sin control» por el antiguo gobierno y destinados a «financiar la fuga de capitales».
El pasado lunes, el Gobierno argentino anunció una nueva prórroga hasta el 12 de junio del plazo para lograr un acuerdo con los acreedores privados, con quienes negocia una reestructuración de la deuda externa, valorada en unos 66.300 millones de dólares (58.564 millones de euros).
