La vicefiscal general de Colombia, Martha Janeth Mancera, ha hecho balance este miércoles de cómo la Fiscalía está actuando ante la crisis social y humanitaria en la que se encuentra el departamento de Cauca, en el oeste del país, debido a la violencia entre los diferentes grupos armados que operan en la región, y que han sido responsables de al menos 20 asesinatos desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de Covid-19.
A través de videoconferencia, Mancera ha explicado ante la Comisión Segunda del Senado que la situación de violencia que se vive en Cauca, una de las zonas de Colombia más militarizada, no ha menguado durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, sino que ha aumentado durante la cuarentena decretada por el Gobierno del presidente, Iván Duque.
Los últimos asesinatos cometidos contra líderes sociales en Cauca se produjeron hace menos de una semana, cuando cinco representantes de la sociedad civil fueron asesinados junto a sus familias cuando cumplían con las medidas de restricción de movimientos decretadas por las autoridades.
La Fiscalía ha cifrado en cinco las masacres que se han cometido desde que comenzó el año 2020 y, según estimaciones presentadas por senadores como Iván Cepeda del partido Polo Democrático, el 60 por ciento de los homicidios cometidos contra Defensores de los Derechos Humanos se produjeron en territorio caucano.
«Cauca tiene todos los grupos armados que pudieran existir y cualquiera que volviera a nacer estaría en este departamento», ha denunciado Cepeda, según ha publicado el periódico colombiano ‘El Espectador’.
Cepeda hace referencia así a la más de una decena de organizaciones armadas que operan en la región, entre ellas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o los diferentes grupos narcomilitares y de autodefensas, como el Clan del Golfo, Los Caparros o Los Pelusos.
Por su parte, Mancera ha informado de que la Fiscalía ha registrado en los dos últimos años unas 1.275 denuncias acerca de las actividades ilegales de estos grupos armados, y ha insistido en que, a pesar la carencia de medios, el objetivo «es lograr investigaciones integrales» que castiguen las acciones de estas personas, así como a las «economías ilícitas» de estas bandas armadas.
Desde que las ya disueltas FARC abandonaran las armas tras la firma de los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, varios grupos armados se han estado disputando sus territorios y sus fuentes de financiación, como es el caso de los yacimientos de oro y plata de Cauca por los que a día de hoy se enzarzan el ELN y las disidencias, generando nuevos enfrentamientos y actos de violencia, en especial en las zonas rurales, donde las autoridades parecen tener más delimitado el acceso.
Cepeda ha denunciado en esta sesión especial del Senado ante la vicefiscal general que, aún con un importante despliegue de tropas del Ejército y la Policía Nacional, los homicidios y crímenes siguen en aumento y ha responsabilizado a las «acciones selectivas de la fuerza pública» y los sobornos que podrían estar recibiendo a cambio de no actuar.
Mancera, por su parte, ha defendido la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y ha recordado que ya se han podido capturar a 39 narcotraficantes, gracias a la colaboración también de las comunidades indígenas y campesinas.
Según Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, 86 de ellos solo en 2019, y 173 antiguos guerrilleros de las FARC, de los cuales 77 murieron el año pasado.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha precisado que en lo que va de 2020 al menos 51 líderes sociales y diez antiguos miembros de las FARC han sido asesinados.
