La Policía de Bolivia ha lanzado este jueves gases lacrimógenos contra las personas que se encontraban en los alrededores del Senado en El Alto, en el oeste del país, protestando contra la sesión celebrada para conmemorar los 35 años de creación de la ciudad.
Los hechos han sucedido después de que estas personas recriminaran a los políticos y a las fuerzas de seguridad el papel que desempeñaron en noviembre del año pasado en la muerte de once manifestantes en la localidad de Senkata, en el marco de las protestas contra la salida de Evo Morales del Gobierno.
Antes de que se produjeran los hechos, familiares de las víctimas y algunos miembros del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), acudieron a una eucaristía en Senkata en memoria de los once fallecidos durante los enfrentamientos con la Policía y el Ejército bolivianos después de que el Gobierno interino de Jeanine Áñez denunciara el intento de tomar una planta de hidrocarburos por parte de los manifestantes.
Al acudir a los alrededores del Senado para reivindicar la memoria de las víctimas, se han producido las primeras situaciones de violencia, cuando los manifestantes han optado por abordar al grito de «asesinos» a algunos dirigentes políticos, entre los cuales estaban los de la Unidad Democrática (UD), quienes a su vez acusaron a los «radicales» del MAS de estar detrás de todo esto.
Ha sido entonces cuando la Policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y poder así evacuar a los senadores que se encontraban en la sede de la Cámara Alta. La sesión ha sido suspendida, al igual que la de viernes. Ambas se celebrarán en La Paz por motivos de seguridad.
Así lo ha confirmado el senador por el MAS Omar Aguilar, quien ha precisado que la decisión se ha producido, principalmente, para salvaguardad la integridad física de «los colegas de la UD y del Partido Demócrata Cristiano (PDC)».
«Los senadores fuimos con un espíritu de reconciliación y de fraternidad con el pueblo alteño. Estas agresiones no representan el verdadero sentir de El Alto», ha manifestado, por su parte, el senador por la conservadora UD, Óscar Ortiz.
En Senkata, una pequeña localidad de El Alto, se registraron once muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendiera con los partidarios de Maduro que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno interino decidió, ante la ola de protestas, emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal si con ello ponían fin a las protestas, aunque tuvieron que dar marcha atrás después de las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.
COMISIÓN ESPECIAL PARA ESCLARECER LAS MUERTES
Aguilar ha explicado, según ha informado el diario local ‘La Razón’, que durante la sesión del viernes se conformará una comisión legislativa para investigar «las muertes y las detenciones ilegales» que se produjeron en noviembre con «la complicidad de la Justicia», en Sacaba, Cochabamba y Senkata.
La comisión, que se celebrará a petición de los familiares de las víctimas de Senkata, estará integrada por nueve diputados y senadores, seis del MAS, dos de la UD y uno del PDC, ha explicado Aguilar.
«No es justo que la Justicia solo esté persiguiendo a exautoridades, dirigentes y ciudadanos que se han movilizado y hasta el día de hoy no existe un sólo procesado por los 35 muertos, salvo un militar procesado», ha denunciado Aguilar.
MORALES ACUSA A ÁÑEZ DE «REPRESIÓN BRUTAL»
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha acusado al «Gobierno de facto» de Jeanine Áñez de haber llevado a cabo una «represión brutal» durante este jueves en El Alto contra aquellas personas que estaban «reclamando justicia» por la masacre de Senkata.
«Condenamos la represión brutal del Gobierno de facto contra mis hermanos de El Alto, que hoy reclamaban justicia, recordando la masacre de Senkata. Los golpistas no respetaron a mujeres ni a niños y los gasificaron. En Bolivia se siguen violando los Derechos Humanos», ha denunciado Morales a través de la red social Twitter.
«Después del decreto de impunidad, después de que no hay nadie en la cárcel por los crímenes de Senkata, el pueblo alteño tiene todo el derecho de movilizarse pacíficamente. La respuesta de la dictadura es más represión. El Alto de pie, nunca de rodillas», ha expresado.
