El presidente de Colombia, Iván Duque, ha subrayado este miércoles que es «una persona provida» después de que el Tribunal Constitucional levantara la polémica por someter a debate la posibilidad de despenalizar el aborto en el país. Duque, que ha aseverado que modificar la jurisprudencia actual sobre el aborto es «un cambio muy fuerte para la sociedad», ha asegurado que cree en la vida «desde la concepción», según informaciones del diario local ‘El Tiempo’.
«He expresado que las tres causales que han sido enunciadas desde hace tiempo en Colombia, que son peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida o violación, son las tres causales que el país ha venido analizando a la luz de la jurisprudencia», ha sostenido el dirigente.
El debate sobre la legalización del aborto hasta la 16ª semana se ha vuelto a producir en Colombia después de que el magistrado Alejandro Linares presentara una propuesta sobre su despenalización en el primer trimestre de embarazo.
«En mi opinión personal, y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución, salirse de esas tres causales que son claras me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana», ha expresado Duque.
Según la propuesta de Linares, a partir de las 16ª semana solo podrían someterse a una interrupción voluntaria del embarazo quienes presenten uno de los tres casos citados anteriormente.
El texto de Linares se da, paradójicamente, después de que la abogada Natalia Bernal pidiese prohibir el aborto en todos los casos bajo el argumento de que existe vida en el vientre materno y que esta se debe respetar.
«Todos los seres humanos, todos los seres vivientes, tienen derecho a nacer. Ninguna autoridad puede decidir quién vive y quién no. Si hay juicios de ponderación entre quiénes tienen derechos y quiénes no, y qué individuos son superiores en la sociedad, se está abriendo la puerta a los genocidios», asegura.
El Código Penal de Colombia aún establece como delito el aborto cuando se realiza fuera de los tes casos establecidos. Las penas van de 16 y 54 meses de prisión.
