Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador han acordado continuar la discusión sobre el préstamo que el presidente, Nayib Bukele, ha pedido para la tercera fase de su Plan de Control Territorial el próximo lunes. El Plan de Control Territorial de Bukele tiene un desarrollo previsto de tres fases con un coste de más de 575 millones de dólares. La tercera fase, destinada a «modernizar» a las Fuerzas Armadas y la Policía, debía iniciarse ahora y para ello necesitaba que el Congreso diera luz verde a un préstamo de 109 millones de dólares preconcedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los diputados se negaron en una votación celebrada el jueves. Tras ello, Bukele convocó para el domingo siguiente una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa haciendo uso de un artículo constitucional ideado para «cuando los intereses de la República lo ameriten». El Congreso consideró que la urgencia no era tal, por lo que la oposición avanzó que no iría.
Así, el domingo, militares a las órdenes del presidente Bukele irrumpieron en la sede de la Asamblea Legislativa y policías se presentaron en las viviendas de los asambleístas con la orden verbal de acudir a la sede parlamentaria, lo cual no hicieron.
El propio Bukele entró en la sede parlamentaria rodeado de militares y dio una semana de plazo al órgano para que apruebe el Plan de Control Territorial. Bukele asegura que los diputados de la oposición que controlan la Asamblea Legislativa están al servicio de las bandas criminales que él pretende combatir.
Ya el lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha informado de que la Cámara ha decidido condenar por unanimidad lo que consideran la «invasión» e «intento de golpe de Estado» perpetrado el domingo. Además, Ponce ha emplazado a intervenir a la Fiscalía.
EL CONSTITUCIONAL DICTA MEDIDAS CAUTELARES
Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha admitido la demanda de inconstitucionalidad contra las últimas acciones del Gobierno y ha impuesto una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra prohibir a Bukele utilizar a las Fuerzas Armadas para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del Legislativo por parte del Ejecutivo.
En un comunicado, el Gobierno ha advertido de que las medidas cautelares «podrían dificultar» su trabajo, con el que «en todo momento ha demostrado su legítima preocupación por los intereses del pueblo». Pese a no compartir la decisión, ha asegurado que acatará «la orden emanada de la Sala de lo Constitucional» a la espera del fallo definitivo.
En este sentido, ha instado a que cuando esto ocurra, la Sala de los Constitucional «tome en consideración los actuales intereses de la república en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de Ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada».
