El Senado de Chile ha aprobado este lunes la conocida como ley antisaqueo, motivada tras los desórdenes públicos vividos durante las manifestaciones que desde el pasado mes de octubre se vienen sucediendo en el país en contra del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que es considerada desde la oposición como «un pretexto para crear un marco legal» con el que «sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social». «El camino a la paz social se logra con una agenda social, no con más policías o más sanciones. La protesta social hay que protegerla, pues hoy una minoría la está afectando», ha señalado el senador del Partido Por la Democracia (PPD) Felipe Harboe.
El proyecto de ley, que tendrá que ser ratificado en el Congreso, no ha sufrido modificaciones desde que fue presentado en el Senado y con él se busca incluir un nuevo artículo en el Código Penal con que sancionar de manera especial los delitos de saqueo con hasta cinco años de cárcel, entre otras cuestiones.
En ese sentido, el texto también ha tipificado como delito la construcción de barricadas, la obstrucción al tránsito y el lanzamiento de objetos contundentes, acciones que no alcanzarían en el peor de los casos los dos años de prisión, según ha detallado el periódico chileno ‘La Tercera’.
Sin embargo, una de las polémicas del proyecto es aquella que considera como un acto delictivo una suerte de piquete conocido como ‘el que pasa baila’, en el cual las personas obstruidas pueden tener libre circulación una vez hayan bailado con los manifestantes. Los penas para este nuevo delito alcanzarían el año de prisión.
Para la oposición el problema radica en ver «cómo se llevan a cabo las manifestaciones», pues en un principio el proyecto, han dicho, «atenta contra el legítimo derecho a la protesta», y es inútil, pues «las figuras que se dicen querer implantar ya existen en el Código Penal», por lo que se pretendería «aumentar una aparente sensación de seguridad a la población».
Desde el Partido Socialista se ha defendido que si bien ellos votarán a favor de castigar los saqueos, «no se puede considerar como protesta social hechos delictivos que sí deben ser sancionados».
Por su parte, desde la bancada oficialista, el senador de Evolución Política Felipe Kast ha criticado la «falta de seriedad tremenda» de la oposición por «oponerse a cualquier tipo de reforma que busque garantizar el orden público», pues, ha explicado, les estarían haciendo «una campaña de rechazo» a la nueva Constitución, cuyo plebiscito será el próximo 26 de abril.
