Una corte de apelaciones de Chile ha revocado este lunes la prisión preventiva de los seis carabineros acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante de Medicina Josué Maureira durante las protestas que se suceden en el país desde el 17 de octubre. Maureira, de 21 años, denunció haber sido víctima de agresiones y torturas por parte de seis agentes de Carabineros tras ser detenido la noche del 21 de octubre.
De los seis agentes, dos de ellos fueron acusados de un delito de tortura con abuso sexual agravado, ya que supuestamente habrían utilizado elementos contundentes para llevar a cabo esa agresión sexual. Además, también habrían humillado e insultado al joven por su condición de homosexual.
En este contexto, el tribunal ha determinado que los antecedentes recabados por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, donde estudia el joven y que lo ha representado en el caso, «no confirmaban» ninguno de los delitos imputados.
Así, cinco de los agentes han quedado con medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y arresto domiciliario, mientras que la sexta imputada ha concluido con la prohibición de salir de Chile y con la obligación de acudir a firmar mensualmente a una comisaría.
«Este es el primer avance y el primer paso para obtener la absolución de todos ellos por estos casos», ha indicado el abogado de los carabineros, Rodrigo Lazo, según ha recogido Radio Cooperativa.
«Por lo tanto, ha sido un tremendo logro de parte de la defensa de estos seis carabineros que estaban injustamente sometidos a una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva», ha agregado.
La denuncia realizada por Maureira formó parte del informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denunció un «uso excesivo de la fuerza» de los agentes durante las protestas en Chile.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente del país, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
