El Gobierno venezolano ha manifestado este domingo su rechazo a las declaraciones «injerencistas» del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, críticos con la detención de un diputado opositor.
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica las declaraciones tanto del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, como de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre el funcionamiento de las instituciones venezolanas», ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
En concreto denuncia la «obsesión» de ambas instancias y un «inaudito sesgo y una evidente carencia de rigor diplomático y profesional». «A través de posiciones injerencistas como las expuestas, estos organismos pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano para salvaguardar las instituciones democráticas y la paz social», ha reseñado.
Así, resalta las «opiniones políticas» de Bachelet y Borrell que suponen «inaceptables intromisiones en asuntos internos de un Estado soberano, representan un llamado a inobservar las leyes y normas del ordenamiento jurídico venezolano y se traducen finalmente en soterrados apoyos a los actores políticos violentos que han atentado contra la estabilidad y la democracia venezolana durante todo el año 2019».
Por ello, Venezuela insta a Borrell y a Bachelet a «ocuparse por sucesos graves que ocurren en la región, como la judicialización política contra el presidente Evo Morales, la represión y las evidentes violaciones a los derechos humanos que se suceden casi a diario tanto en Bolivia como en Chile y Colombia».
«Las instituciones del Estado venezolano no cejarán en su empeño por proteger a su pueblo de agresiones políticas planificadas y financiadas desde el exterior, al neutralizar, mediante la aplicación adecuada y oportuna de las disposiciones constitucionales y legales, cualquier nuevo intento de propiciar golpes de Estado y eventos de violencia política en el país», concluye el texto.
El sábado Bachelet dijo estar «preocupada» por la detención el pasado viernes del diputado opositor venezolano Gilbert Caro y por el periodista y asistente de Caro Víctor Ugas. «Instamos a las autoridades a respetar su derecho al debido proceso + abstenerse de actos intimidatorios contra miembros de la AN (Asamblea Nacional) por el ejercicio de sus derechos», publicó Bachelet en Twitter.
Borrell, por su parte, criticó estas detenciones «inaceptables» y que «suponen un grave lastre para una solución política a la crisis» y lamentó la retirada de la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados opositores.
El viernes el partido Voluntad Popular al que pertenece Caro denunciaba que Caro fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Tanto el presidente de Voluntad Popular, Leopoldo López, como el autoproclamado presidente interino de Venezuela y líder del partido, Juan Guaidó, han criticado la detención de Caro.
Caro fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a finales de abril de este año y liberado en junio. También fue liberado de otra detención en junio de 2018 en el marco de una tanda de excarcelaciones de políticos presos que llevó a cabo Maduro para persuadir a la oposición de que retomara el diálogo.
