VII CUMBRE IBEROAMERICANA (Venezuela)

Declaracion de Isla de Margarita

PRIMERA PARTE: LOS VALORES ËTICOS DE LA DEMOCRACIA

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en la isla de Margarita, República de Venezuela, los días 8 y 9 de noviembre de 1997, hemos centrado la reflexión de la VII Cumbre Iberoamericana en el tema de Los Valores Éticos de la Democracia. Las seis Cumbres anteriores nos han conducido, desde 1991, a fortalecer cada vez más los lazos de unión de nuestra Comunidad que se ha consolidado como espacio de concertación y cooperación de características propias.

2. El asunto central de esta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno tiene estrecha relación con las reflexiones sobre gobernabilidad de la VI Cumbre Iberoamericana y con el compromiso de nuestros países con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo político, las libertades fundamentales y los derechos humanos, los principios de soberanía y de no intervención, el derecho de cada pueblo de construir libremente, en paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones, y la existencia de un sistema justo de relaciones internacionales éticas, democráticas, y en condiciones de paz y seguridad, en un marco de respeto a los principios de convivencia Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

En la Declaración de Viña del Mar afirmamos que la raíz ética de la actividad política constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad y que elevar su calidad, la de su dirigencia y el debate público debe ser una tarea compartida por todos.

Ratificamos, por consiguiente, el compromiso allí asumido para promover la revalorización de la política en la vida diaria de nuestros pueblos, estimulando su participación política y social, fortaleciendo, desde la más temprana edad escolar los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación, propiciando la capacitación de dirigentes políticos , a fin de que se mantenga y crezca un interés generalizado por el perfeccionamiento del régimen democrático, y de los órganos y estructuras que lo conforman.

3. Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada establecidas por la ley; la validez del diálogo en la solución de los conflictos ; la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática, que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana.

4. En esta VII Cumbre ratificamos nuestra voluntad de continuar en el camino de fortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos, de progresar cada vez más en el respeto y protección a los derechos humanos, de garantizar el respeto del estado de derecho, de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en nuestros sistemas económicos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, de mejorar nuestros sistemas de administración de justicia, de elevar el nivel de la ética pública, de contribuir, conforme con la legislación vigente en cada país, a un eficiente funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales, de velar por la libertad de expresión como elementos fundamentales de nuestros sistemas democráticos, y de incentivar a nuestros pueblos para su participación activa en la consecución de tales propósitos.

5. Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteramos el compromiso de nuestra Comunidad con la ética y los valores que orientan la democracia y que hacen posible la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, razón de ser y contenido de dicha forma de gobierno. Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y basándose por igual en los principios de objetividad, imparcialidad y universalidad. Enfatizamos igualmente la obligación del Estado de promover y garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos, sobre la base de una cooperación internacional dentro de un clima que excluya la confrontación, que apunte al fortalecimiento y actualización de acciones comunes dirigidas a la promoción, protección y defensa de estos derechos.

6. El objetivo de alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y participativa, según los términos señalados por la VI Cumbre Iberoamericana, reclama, en consecuencia, de un esfuerzo individual y colectivo por parte de nuestros Estados, y de nuestras sociedades para profundizar y arraigar en las instituciones una cultura de los derechos humanos basada en la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación y la solidaridad.

Reconocemos que estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes.

7. Los valores que dan soporte a la democracia dentro de nuestra Comunidad y que se traducen en derechos, deberes y garantías han adquirido expresión y vigencia dentro de nuestros ordenamientos constitucionales y en los tratados internacionales ya incorporados a nuestro derecho interno. Reconocemos, sin embargo, la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para eliminar los obstáculos que todavía impiden o limitan el pleno respeto y la garantía de todos los derechos humanos.

8. Apoyamos la iniciativa, según la legislación interna de cada país, para impulsar la suscripción o adhesión de nuestros países a los tratados internacionales sobre derechos humanos de alcance universal, regional, generales o particulares, de los cuales todavía no seamos parte. Reconocemos la importancia del desarrollo progresivo en la aplicación de las normas internacionales y nacionales que garanticen tales derechos, y de lo cual son ejemplo las recientes reformas constitucionales adoptadas por algunos países iberoamericanos.

En ese marco, destacamos la importancia de promover el respeto al derecho internacional humanitario y a los principios humanitarios reconocidos universalmente.

9. Reiteramos la obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluyendo el derecho al desarrollo, que son interdependientes e interrelacionados y cuya universalidad es incuestionables. Enfatizamos que la realización progresiva de políticas nacionales e internacionales para asegurar su pleno reconocimiento y ejercicio requieren de la acción conjunta de la sociedad y del Estado. Ello en el contexto de la solidaridad y la justicia social en el ámbito internacional y al papel que le corresponde a los organismos e instituciones internacionales.

Asi mismo expresamos el interés en que se continue profundizando, en los ámbitos pertinentes, la reflexión sobre el concepto del derecho a la paz.

10. Manifestamos que corresponde primordialmente al Estado atender a los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones, a fin de combatir la exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo, lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin de acordar mecanismos de inserción de estos sectores en nuestras sociedades.

Reafirmamos el reconocimiento de la diversidad de nuestras culturas y el legítimo derecho de las poblaciones indígenas al desarrollo político, económico, social y cultural.

Apoyamos la tarea de la Organización de las Naciones Unidas para aliviar los problemas de los refugiados y de los desplazados internos y nos comprometemos a aunar esfuerzos y orientar la cooperación internacional para la protección y ayuda de las víctimas de esta situación, especialmente personas de la tercera edad, mujeres y niños.

11.- Destacamos la importante labor que realizan los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la búsqueda de su respeto, promoción y protección.

12. Concebimos la justicia social como la realización material de la justicia en el conjunto de las relaciones sociales, la cual exige medidas de compensación a favor de aquellos que requieran un tratamiento especial y diferenciado y que no pueden representar o hacer valer de forma efectiva y pública sus intereses, necesidades o aspiraciones.

Este mismo principio tiene validez en las relaciones entre los pueblos. La justicia social internacional obliga a cada país, de acuerdo con sus capacidades, a hacer todo lo necesario frente a otros pueblos para lograr el bien común universal. La solidaridad humana no se agota en los términos de un solo Estado soberano, abraza a todos los pueblos de la humanidad. En consecuencia, los países más desarrollados económica y tecnológicamente, prestarán su colaboración a los países menos desarrollados.

13. La aplicación de la justicia social internacional conduce al bien común universal. Es por su naturaleza indivisible y se refiere a las relaciones y conductas recíprocas entre individuos y entre grupos y naciones, con lo cual se reclama establecer condiciones que permitan y aseguren a todos la capacidad de realizar sus programas de desarrollo con la finalidad de asegurar una vida realmente digna.

14. Reconocemos que los conceptos de estabilidad democrática y desarrollo económico y social tienden a reforzarse mutuamente, pues las democracias requieren políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad. Reconocemos que la vigencia de la justicia social comporta que aquellos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, asuman una mayor contribución en la responsabilidad del Estado de lograr una distribución de la riqueza más equitativa, con base sólida y estable. De allí que la lucha por la justicia social sea un compromiso ineludible para nuestras naciones.

15. La Comunidad Iberoamericana reafirma su compromiso con la búsqueda de un desarrollo sostenible para nuestros países. Por medio de la adopción de este compromiso podremos enfrentar de manera eficaz la superación de la pobreza y la extrema pobreza, el desafío de alcanzar la plena armonía entre la democracia, y la búsqueda común de una calidad de vida más elevada para sus pueblos, fundada en objetivos integrados y complementarios de carácter económico, social y ambiental. La consolidación de la democracia tendrá plena validez en el marco de economías que se sustentan en los principios de solidaridad, justicia social y equidad.

16. Reiteramos el compromiso de nuestros gobiernos de continuar avanzando en el logro de los objetivos contenidos en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de marzo de 1995: erradicar la pobreza, fomentar el empleo productivo y restablecer la integración social; estimular, con la más amplia participación de todos los sectores sociales, el diseño y la puesta en marcha de políticas económicas destinadas a incrementar el bienestar de nuestras sociedades y vinculadas con políticas sociales eficientes, eficaces, participativas y aptas para combatir la desigualdad social. Igualmente, nos mantendremos atentos ante los desafíos que las situaciones de injusticia social en nuestros países puedan implicar para nuestras democracias.

17. Coincidimos en que el ámbito de aplicación de la justicia social no debe reducirse a los aspectos materiales, también exige proporcionar acceso a la educación en condiciones de igualdad, a los bienes culturales, de las ciencias, de las técnicas y las artes, así como preservar la pluralidad de las culturas que constituye una de nuestras principales riquezas, promover su desarrollo y aportar a otros pueblos los valores humanistas que ellas expresan.

18. La justicia consiste principalmente en la aplicación de un orden jurídico que preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de acceso y oportunidades, la iniciativa de las personas y de las comunidades, el combate a la impunidad y garantice el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados y las personas.

19. La administración de justicia debe inspirarse en valores éticos. Corresponde al Estado asegurar su imparcialidad y objetividad, así como la igualdad y respeto de la dignidad de las personas, ajenos a las conveniencias del poder ya sean económicas, sociales, o políticas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de cada país sobre derechos y deberes. La administración de justicia con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y equitativa en sus decisiones. Ha de ser independiente en cuanto a su actuación y a los criterios aplicados por los funcionarios judiciales; efectiva y flexible, en lo que atañe a sus mecanismos de solución de controversias; e idónea, en lo referente a la conducta profesional y ética de dichos funcionarios.

20. Reconocemos que la actuación de los órganos judiciales incide en gran medida en la concreción y efectividad de la seguridad jurídica, y en la lucha contra la impunidad, por ello propiciamos la promulgación de normas claras cuya publicidad aplicación y cumplimiento, aseguren la existencia del pleno estado de derecho y la convivencia democrática.

La seguridad jurídica implica el establecimiento de normas cuya aplicación eficaz logra el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas.

21. Ratificamos que en un sistema democrático corresponde principalmente al Poder, órgano o rama judicial, la función de dirimir controversias y litigios mediante la interpretación y la aplicación de las normas que integran el orden jurídico del Estado. Saludamos también la actualización y renovación que se viene implementando en las legislaciones de algunos de nuestros países, a fin de adaptarlas a las aspiraciones legítimas de nuestros pueblos.

22. La reforma de la administración de justicia que estamos apoyando incluye, entre otros objetivos , el de asegurar su mayor eficiencia, de garantizar la tutela de los derechos humanos y de facilitar el acceso expedito de los ciudadanos a las decisiones judiciales, de conformidad con las circunstancias y la legislación de cada país.

23. Para apoyar las acciones destinadas al mejoramiento de la administración de justicia según las circunstancias y características de cada país, impulsaremos un intercambio de experiencias entre nuestros Estados en materia de reforma judicial y políticas judiciales.

Nos comprometemos a promover una mayor cooperación y asistencia internacional en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada internacional.

24. Estamos convencidos de que la Administración Pública debe estar regida por estrictas normas que provengan no sólo del derecho sino también de una ética que lo fundamenta. El Estado de Derecho para alcanzar su plenitud y efectiva vigencia ha de estar basado en valores y principios éticos.

25. Saludamos los esfuerzos que se realizan en varios de nuestros países por definir y establecer códigos de conducta ética de los funcionarios y empleados públicos. Estos instrumentos normativos, deberán contener principios reguladores susceptibles de ser concretados y aplicados a los diferentes tipos de comportamientos administrativos y a los problemas éticos que afrontan los diversos organismos administrativos. Es necesario establecer igualmente los medios adecuados, según el orden jurídico de cada país, a fin de vigilar, preservar y fomentar la ética pública. Estos mecanismos deben orientar sus actividades dentro de los criterios de la defensa del estado de derecho, de los derechos humanos y de los intereses de la sociedad.

26. El reto de la democracia en los albores del siglo XXI, será responder cada vez más al compromiso de la eficiencia basándonos en los postulados de libertad, igualdad y justicia que inspiran a los sistemas democráticos. Una empresa de tanta trascendencia no debe limitarse, sin embargo, a organismos oficiales sino que debe convocar a la sociedad civil.

27. Reconocemos que la corrupción, en sus diferentes formas y variantes, es un flagelo universal que también afecta a nuestros países y puede llegar a generar desestabilización institucional, alteración en las reglas de competencia y desconfianza en las instituciones democráticas. Por ello, en esta VII Cumbre nos comprometemos a seguir trabajando a nivel nacional y regional para prevenir, detectar, combatir y sancionar las conductas delictivas que conforman la corrupción, fortaleciendo los mecanismos que estimulen la participación ciudadana en la prevención y lucha contra estos delitos. Con ese objetivo destacamos la necesidad de impulsar la cooperación judicial internacional en el marco del respeto a la soberanía de los Estados. Este compromiso debe ser concebido como una labor contínua y permanente.

28. Estimamos también necesaria la cooperación, de conformidad con el derecho interno de cada país, de sus disposiciones de procedimiento y con los acuerdos bilaterales o multilaterales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, para la revisión de las legislaciones bancarias y controlar el establecimiento de "paraísos fiscales" y otras semejantes, causantes no sólo del fomento a la corrupción sino también de legitimación de capitales provenientes del tráfico de drogas.

Al seguir con atención el rechazo de la opinión pública a las prácticas del soborno, destacamos los esfuerzos de la Organización Mundial de Comercio para lograr un acuerdo sobre la transparencia de la contratación pública

29. Con base en los lineamientos anteriores fomentaremos la información, la difusión y el estudio de mecanismos dirigidos al combate contra la corrupción así como la cooperación internacional en esta materia.

30. Coincidimos en que la consolidación del sistema democrático en Iberoamérica debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento, resaltando el papel esencial que las agrupaciones y partidos políticos así como los gobiernos cumplen en el desarrollo de la vida democrática.

31. Reafirmamos que el desarrollo del sistema político democrático, a través de las figuras de la representación y la participación, implica necesariamente el aporte de las agrupaciones y partidos políticos, en concordancia con la vigencia de los valores de libertad, igualdad, bienestar, orden y justicia. Una de las cualidades más sobresalientes de la democracia es la participación popular en todos los ámbitos de la vida social, por lo que urge que los Estados concreten esfuerzos y promuevan acciones que involucren a los diversos sectores sociales y que garanticen la adecuada combinación de los mecanismos de participación con los de representación.

32. La tarea de los partidos no se agota en el acto comicial. Su función también debe servir como canal de comunicación recíproca entre los órganos del Estado y la sociedad y promover la participación ciudadana. Para ello es necesario potenciar la capacidad política de las agrupaciones y de los partidos como articuladores y agregadores de demandas sociales, así como de formuladores de propuestas programáticas que los configuren como centros de discusión para los problemas de nuestros pueblos y de conformación de opciones que orienten el debate y la vida pública.

33. La creciente exigencia de nuestros pueblos de fortalecer más la participación en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda que las políticas públicas sean amplias y participativas. Ello nos compromete al diseño de nuevas formas de participación de los ciudadanos donde las opiniones sociales puedan manifestarse más espontáneamente, y servir de punto de referencia a la actuación de los gobernantes. De conformidad con la legislación de cada país, consideramos necesario estimular los mecanismos de participación ciudadana con el concurso y el compromiso de los partidos políticos y de los gobernantes.

34. Reiteramos que es necesario que las agrupaciones y los partidos refuercen la definición de sus programas, modernicen sus organizaciones, establezcan modalidades transparentes de financiamiento y refuercen su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la realidad y a las reformas institucionales de cada país.

35. La transparencia de los modelos organizativos y de las actuaciones en el sistema político exigen igualmente someter a la inspección pública, no sólo las conductas de dirigentes y militantes sino también los medios de financiamiento que tradicionalmente reciben los partidos políticos. La cuestión del financiamiento de la política tiene una importancia ética fundamental para la democracia pues de su adecuada solución depende en gran medida la igualdad de acceso a las posiciones políticas y la toma de decisiones públicas orientadas al bien colectivo y no a intereses particulares.

36. Es necesario que los procesos electorales no sean exclusivamente tutelados y controlados por los intereses de los partidos y gobiernos, lo cual involucra la necesaria participación de la sociedad civil para legitimar la fuente de origen de los organismos electorales y la transparencia de los procesos. Es necesario también, de acuerdo con al ordenamiento interno de cada país, estimular la autonomía de los organismos electorales frente al Poder Ejecutivo.

37. Todo régimen democrático se encuentra vinculado a transformaciones permanentes para corregir las imperfecciones y defectos que se presentan en su ejercicio. Sólo el sistema democrático permite un proceso constante de atención a la marcha de su desarrollo y de denuncia ante sus retrocesos. Nuestro compromiso es no cejar en el perfeccionamiento de la democracia y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando el acceso, la transparencia y credibilidad de dichos mecanismos, mediante elecciones libres y periódicas .

38. Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones.

39. Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres. Por otra parte el fomento a la educación y la cultura contribuye al pleno ejercicio del derecho a la información.

40. Convencidos de la importancia de los medios de comunicación en la consolidación y fortalecimiento de la democracia, expresamos nuestro reconocimiento al papel que estos han desempeñado en la formación de la sociedad democrática iberoamericana el cual debe fortalecerse permanentemente a través del ejercicio creciente de un periodismo ético y de responsabilidad social.

41. Particular interés y atención nos merece el crecimiento y expansión de las innovaciones tecnológicas de la comunicación. Este proceso, que marca profundamente el fin de siglo, crea en nuestras sociedades oportunidades y esperanzas para el mejoramiento de la calidad de vida, también entraña desafíos por sus implicaciones para la preservación de la identidad cultural de nuestros pueblos. Resultará oportuno asumir la responsabilidad compartida que representa para los Estados, las instituciones sociales, educativas y culturales, y los sectores empresariales de iberoamérica, el posibilitar y facilitar el más amplio acceso y uso por parte de la población de estas innovaciones tecnológicas de la comunicación y de la información, fortaleciendo al mismo tiempo nuestro acervo cultural e identidad nacional. Asimismo, expresamos nuestra confianza en que los medios de comunicación iberoamericanos difundan la realidad y los valores compartidos de nuestra comunidad.

42. Al reiterar el derecho a las libertades de expresión, de información, de opinión, lo hacemos de conformidad con nuestras respectivas legislaciones nacionales y con los principios y normas consagrados en diversos instrumentos internacionales sobre la materia.

43. Los Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión.

-Declaración de Maturin "La agricultura como soporte de la democracia", adoptada durante el II Foro Ministerial Iberoamericano de Agricultura, celebrado en Maturín, Estado Monagas los días 11,12 y13 de agosto de 1997.

-Declaración de Margarita "La vivienda, elemento estabilizador de la democracia", adoptada durante el II Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de Desarrollo Urbano y de Vivienda, efectuado en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta entre el 9 y el 12 de septiembre de 1997.

-Declaración de Asunción, adoptada durante el III Encuentro Iberoamericano de Ministras y Responsables de Políticas de la Mujer, celebrada en Asunción, Paraguay, los días 11 y 12 de septiembre de 1997.

-Declaración de Mérida " La Educación y los valores éticos de la democracia", aprobada durante la VII Conferencia Ministerial Iberoamericana de Educación, realizada en Merida, Estado Merida los días 25 y 26 de septiembre de 1997.

-Declaración de Caraballeda "Los desafíos éticos de la investigación científica y tecnológica", emanada de la V Conferencia Ministerial Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, efectuada en Caraballeda, Departamento Vargas del 8 al 10 de octubre de 1997.

-Declaración de Margarita "Para una ética de la integración cultural iberoamericana", aprobada durante el Encuentro de Ministros Iberoamericanos de Cultura, realizada en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta los días 20 y 21 de octubre de 1997.

Asimismo tomamos nota con interés de la celebración del Encuentro Iberoamericano : "la juventud y los valores éticos de la democracia: un debate necesario", realizado en la ciudad de Caracas del 12 al 15 de octubre de 1997.

45.- Manifestamos nuestra gratitud al Excelentísimo Señor Presidente Rafael Caldera y por su intermedio al Gobierno y al pueblo de la República de Venezuela por la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos en la Isla de Margarita. Asi mismo deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Comisión Organizadora de la VII Cumbre Iberoamericana por la organización de esta Cumbre y especialmente por el desempeño de la Secretaría Pro-Témpore de la Conferencia Iberoamericana, durante 1997.

46.- Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamerica a la VIII Cumbre Iberoamericana, en Portugal, en 1998.

Manifestamos nuestra convicción de que la cooperación entre las naciones continuará siendo, en el próximo siglo, un elemento fundamental de las relaciones internacionales. La cooperación no sólo es una expresión política de las relaciones entre gobiernos, sino también, un vínculo ético que trasciende las estructuras gubernamentales y las fronteras geográficas para influir de modo directo en las sociedades, en las que los ciudadanos son cada vez más protagonistas y desempeñan un papel más destacado en un nuevo contexto de interrelación e integración, determinado por la participación social y la apertura económica, la democratización y el desarrollo de los medios de comunicación.

Propiciamos una cooperación para el desarrollo que incorpore a las más diversas instituciones de Iberoamérica y que con sus acciones fortalezca el respeto a los derechos humanos y a la democracia como forma de vida. La cooperación deberá orientar su quehacer de acuerdo con los principios de participación, responsabilidades compartidas y eficacia, a fin de lograr avances reales y resultados tangibles que apunten a una mayor justicia social y al bienestar de nuestros pueblos.

Nos congratulamos por la evolución positiva en la estructura jurídica y organizativa de las actividades de cooperación derivadas de las Cumbres Iberoamericanas, materializada con la entrada en vigor del Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana.

Resaltamos la adaptabilidad y flexibilidad del sistema de cooperación iberoamericano como una característica positiva que responde a las necesidades y a la diversidad de países que conforman este foro, permitiendo acoger iniciativas tanto de sectores públicos como privados de nuestras sociedades, incluyendo instituciones de la sociedad civil.

Reconocemos con beneplácito los importantes esfuerzos que han venido realizando algunos países iberoamericanos, al incrementar sus contribuciones a los diferentes programas en ejecución, a la vez que resaltamos la consolidación técnica y financiera de esas actividades, que conducen a la reafirmación de la identidad y la solidaridad iberoamericanas.

Celebramos la reciente creación del mecanismo de capitalización del Fondo Indígena, con la valiosa contribución de algunos gobiernos, que permitirá consolidar proyectos iberoamericanos en beneficio del desarrollo de las poblaciones indígenas de nuestros países.

Destacamos el avance que se ha logrado en los programas en ejecución y asimismo la importancia de la incorporación en esta Cumbre de nuevas iniciativas de cooperación, tales como: el apoyo a la pequeña y mediana empresa; la preservación y difusión de la memoria histórica común a través de los archivos iberoamericanos; la investigación agrícola, las acciones localizadas para la disminución de la pobreza y las viviendas alternativas de interés social. Esta variedad de iniciativas son el reflejo de la diversidad de relaciones que existen entre nuestros países y la vigencia de este espacio de cooperación, para buscar soluciones compartidas a los desafíos comunes que se nos plantean.

En este contexto, consideramos la adopción de un logotipo como un símbolo que facilitará la identificación de las acciones de cooperación resultantes de los trabajos de las diferentes Cumbres, y dará testimonio de nuestra decidida voluntad de trabajar juntos.

En este sentido, nos satisface la realización de Reuniones Sectoriales en el marco de la Conferencia Iberoamericana, las que han permitido definir estrategias comunes, evitar duplicidad de esfuerzos y asumir una participación proactiva entre las instituciones de nuestros países.

Reconocemos que la cooperación entre nuestros países es el mecanismo que debe concretar la voluntad que hemos expresado de buscar conjuntamente las soluciones a problemas que nos son comunes, y de brindar a nuestros pueblos la posibilidad de responder a sus aspiraciones con un espíritu iberoamericano.

Hemos constatado con satisfacción que en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, el proceso de la cooperación ha adquirido un grado de madurez que lo convierte en un instrumento eficaz para complementar nuestros esfuerzos de desarrollo. Por ello, reiteramos nuestra voluntad de apoyar y fortalecer la coordinación de las acciones de cooperación iberoamericana para dar a los programas y proyectos acordados y aprobados un seguimiento efectivo que garantice su máximo impacto en beneficio de los pueblos de Iberoamérica.

1.- Conscientes que en el contexto actual el superar la pobreza en la región, demanda la ejecución de programas que garanticen a la población el acceso a los servicios de educación, salud, justicia e infraestructura, de modo que puedan tener una mejor calidad de vida, acceder a mejores empleos y obtener mayores ingresos, reafirmamos que la inversión social debe estar dirigida a la promoción de oportunidades para que las personas más pobres puedan incorporarse de manera productiva y sostenida a la economía.

2.- Conscientes de que para algunos países de la comunidad iberoamericana, la gravosa carga que representa la deuda externa afecta seriamente las posibilidades del desarrollo social y humano de sus pueblos, manifestamos nuestro decidido respaldo para que se considere la posibilidad de otorgar un tratamiento más flexible, a fin de que se pueda aliviar el servicio de esas deudas en beneficio de programas sociales que aseguren, en nombre de la justicia social y de la solidaridad, el mejoramiento del nivel de vida de los sectores más necesitados.

3.- Destacamos, igualmente, la aprobación del Programa adoptado por la XIX Asamblea Extraordinaria de la ONU para continuar instrumentando el programa 21 de la Cumbre de la Tierra, así como su contribución para evitar un retroceso en el compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible.

4.- Reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y reiteramos nuestro compromiso de combatirlo, conjunta y firmemente y a través de todos los medios legales, porque erosiona la convivencia pacifica y civilizada y afecta al estado de derecho y al ejercicio democrático.

5.- Reconocemos los decididos esfuerzos y avances de algunos países de nuestra Comunidad en su lucha contra el terrorismo, y reafirmamos la vigencia de los diversos compromisos asumidos por nuestros Estados para reforzar la cooperación internacional contra este flagelo.

6.- Recordando la transcendental importancia de la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de diciembre del año pasado, que significó un sólido aporte al fortalecimiento de la democracia, la paz y la reconciliación en nuestros pueblos, asumimos el compromiso de apoyar y cooperar con el Gobierno de Guatemala en sus esfuerzos para la Implementación de los Acuerdos suscritos, convencidos que sólo de esa manera se logrará la estabilidad social y económica de sus habitantes

7.- Respaldamos la decisión de los Presidentes Centroamericanos de iniciar el proceso hacia la Unión Centroamericana de manera gradual y progresiva, contenida en la Declaración de Nicaragua, del 2 de septiembre de 1997. Esta iniciativa, afirma que Centroamérica es una Comunidad política, económica, social, ambiental y cultural, que vive un momento histórico excepcional caracterizado por la existencia de gobiernos democráticos, y en donde se ha establecido la paz firme y duradera, profundizandose aún más los compromisos en materia de integración, cuyos lineamientos se establecen en la XIX Reunión de Presidentes Centroamericanos, dirigidos hacia la conformación de la Unión Centroamericana, como expresión superior de la asociación comunitaria establecida en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.

8.- Creemos oportuno destacar la importancia que le adjudicamos al rol de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacionales. En ese sentido, consideramos que, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen un valioso instrumento para la solución de los conflictos.

9.- Las Naciones de nuestra Comunidad que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz, otorgan una especial relevancia a dicha participación y examinarán los medios de establecer una mayor coordinación entre sí con vistas a que ésta participación sea aún mas fructífera.

10.- Reiteramos nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por los Grupos de Países Amigos del Secretario General de la ONU y por el Secretario General de la OEA en América Latina y el Caribe, donde han contribuido de manera decisiva a la consolidación de la paz, al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones. Dichas gestiones que han beneficiado a los países en conflicto, también han permitido la transformación de los mismos y del sistema internacional vigente.

11.- Refrendamos nuestro compromiso con los objetivos de lograr la no proliferación de armas nucleares y la adopción de un programa de desarme que tenga como meta su total eliminación.

12.- Expresamos nuestro reconocimiento a las negociaciones llevadas a cabo en el marco del Grupo de Río y de la OEA que culminaron con la adopción de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados, la cual se abrirá a la firma los días 13 y 14 de noviembre de 1997.

13.- Expresamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales dirigidos a revertir la tendencia, aún creciente, al uso indiscriminado y la transferencia de minas terrestres antipersonal, en especial por sus reprobables efectos sobre la población civil. Igualmente, tomamos nota con interés de las negociaciones que culminaron con la adopción de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción.

14.- Reiteramos nuestra exhortación a la comunidad internacional a continuar cooperando y apoyando técnica y financieramente a los países centroamericanos en sus esfuerzos para la remoción de minas antipersonal y la rehabilitación de las víctimas, a fin de que puedan concluir antes del año 2000 los programas de desminado.

15.- Expresamos nuestro interés en continuar promoviendo Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad entre la Comunidad Iberoamericana, las cuales pueden ser adoptadas libremente como opción de cada país para contribuir a consolidar un clima de confianza y seguridad mutua. En este sentido, manifestamos complacencia por la realización de la Conferencia Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en seguimiento de la Conferencia de Santiago.

16.- Expresamos nuestra preocupación por la creciente tendencia a aplicar unilateral y extraterritorialmente medidas legislativas internas de un Estado a otros, las cuales violan normas y principios del derecho internacional y la soberanía de los Estados.

17.- Esta tendencia que se ha hecho patente además en las evaluaciones sobre derechos humanos, en los procesos de certificación en la lucha contra el narcotráfico, en cuestiones medioambientales y en los intentos por condicionar la cooperación en las formas de votación de los países en los organismos Internacionales, afecta el orden internacional y la armonía que debe regir las relaciones entre los Estados.

18.- En particular, reiteramos nuestro enérgico rechazo a la puesta en práctica de la denominada Ley Helms Burton, así como a las recientes acciones del Congreso de los Estados Unidos orientadas a ampliar el alcance de tal legislación. Exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América para que reconsidere la puesta en práctica de dicha Ley, que atenta contra los principios que rigen la convivencia internacional y es contraria al espiritu de cooperación y amistad que debe caracterizar las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Internacional

19.- Reafirmamos nuestro firme compromiso de cooperar en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico, la distribución de drogas ilícitas, y sus delitos conexos, en particular el desvío de precursores y sustancias químicas esenciales y su comercio ilícito, el lavado de activos y el tráfico de armas, utilizando todos los medios a nuestro alcance, contenidos en las respectivas legislaciones nacionales y en los instrumentos internacionales suscritos, teniendo en cuenta el pleno respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos y el principio de la responsabilidad compartida.

20.- Ratificamos nuestro apoyo y compromiso para que la celebración del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar el problema de las drogas y sus delitos conexos, prevista para junio de 1998, permita la adopción de acciones concretas para el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia judicial, de control de los precursores químicos esenciales y estimulantes, reducción de la demanda ilícita, prevención y sanción del delito de lavado de dinero, promoción de programas de desarrollo alternativo y coordinación internacional contra el trafico de drogas, armas y el crimen organizado. Con miras a alcanzar estos objetivos, subrayamos la importancia de estar representados al más alto nivel político en este evento.

21.- Reiteramos la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en los programas y proyectos de desarrollo alternativo destinados a atender la necesidades de las comunidades involucradas en los cultivos ilícitos, que garanticen mejores condiciones de vida y la generación de actividades económicas rentables, que permitan la sostenibilidad de los mismos dentro de un esquema integral en la lucha contra las drogas.

22.- Nos comprometemos a combatir colectivamente la corrupción pública y privada, que es uno de los principales enemigos de nuestras sociedades, de la democracia y de la libertad económica. En este sentido, acogemos con satisfacción la "Declaración de Lima", adoptada en la VIII Conferencia Anticorrupción celebrada en septiembre de 1997, y exhortamos a nuestros gobiernos a dar cumplimiento a sus recomendaciones con la colaboración de los sectores público y privado.

23.- Invitamos a los países signatarios que aún no lo han hecho a que ratifiquen o adhieran la Convención Interamericana contra la Corrupción.

24.- Afirmamos que la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres es fundamental para el equilibrio democrático, garantizado por los valores éticos que responsablemente deben asumir los gobiernos para la toma de decisiones que conlleven la satisfacción de necesidades y aspiraciones de los pueblos.

25.- Proponemos el reconocimiento de la mujer, como un agente fundamental de los procesos de desarrollo económico y el cambio social, visualizando su aporte al país y reconocemos la importancia de promover la plena participación social y política de la mujer en los niveles de decisión y de gobierno.

26.- Preocupados por los asuntos que inquietan a los jóvenes de nuestros países, estamos conscientes y convencidos de que es necesario redoblar los esfuerzos en nuestra gestión gubernamental, con vistas a garantizar la ampliación de las oportunidades en educación, empleo, salud y participación democrática de las nuevas generaciones de iberoamericanos.

27.- Conscientes de la existencia de un alto índice de población adulta en iberoamerica, y teniendo presente la evidente desprotección de un elevado porcentaje de ella, recomendamos la adopción de políticas de naturaleza multisectorial que tomen en consideración los diversos aspectos del tema, incluyendo la distribución equitativa de los recursos y el acceso igualitario a la atención médica y otros servicios.

28.- Nos comprometemos a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios de las poblaciones indígenas, que se caracterizan por una concepción integral de las necesidades de la vida económica y cultural, sin separar una área de la otra, a diseñar modalidades concretas de asistencia, reconociéndoles plenamente sus derechos de propiedad, así como la protección de su patrimonio cultural e intelectual. En ese sentido, hacemos un llamado a los organismos de cooperación técnica y financiera, a brindar su apoyo a los proyectos que les sean presentados para alcanzar dichos objetivos.

29.- Subrayamos la responsabilidad de los Estados de origen y destino de migrantes en cuanto a fortalecer la cooperación en materia migratoria. En tal sentido, instamos a adoptar, de común acuerdo, medidas tendientes a asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como su bienestar social y económico.

30.- Asimismo, nos solidarizamos con los esfuerzos que realizan los gobiernos centroamericanos para lograr soluciones humanas y adecuadas a la compleja situación migratoria que enfrentan aquellas personas que se encuentran en situaciones migratorias irregulares en terceros Estados, producto de crisis políticas anteriores. Apoyamos los esfuerzos de todos los gobiernos interesados en resolver los problemas de las personas que se encuentran en situación migratoria no documentada Por ello expresamos la necesidad de evitar la ejecución de medidas que conlleven deportaciones masivas, y de cooperar en el desarrollo de programas destinados a la plena reinserción de los migrantes en sus países de origen.

31.- Expresamos nuestra profunda preocupación ante las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia, tratos inhumanos y degradantes y otras formas de discriminación de que son víctimas los trabajadores migrantes en el mundo y, al efecto, coincidimos en la necesidad de promover compromisos para asegurar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

En ese sentido, instamos al pleno respeto al derecho de todos los migrantes de entrar en contacto con un consulado de su país, en caso de ser detenidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

32.-Nos congratulamos y apoyamos los renovados esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas con vistas a dar un nuevo impulso al diálogo, tendiente a alcanzar una solución justa, global e internacionalmente aceptable para la cuestión del Timor Oriental, en el marco de las normas y principios del derecho internacional.

33.- Afirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos y las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial.

34.- Expresamos nuestro apoyo al proceso negociador entre los gobiernos de España y el Reino Unido instaurado por la Declaración de Bruselas de 1984, para que de acuerdo con la doctrina establecida por la Organización de las Naciones Unidas, se encuentre al contencioso de Gibraltar una solución negociada sobre la base del principio de la Integridad Territorial.

35.- Tomando en cuenta el gran potencial de recursos energéticos en América Latina, nos congratulamos por los progresos alcanzados en la integración energética en esa región y nos comprometemos a profundizar los esfuerzos tendientes a ampliar la cooperación en este campo entre los países iberoamericanos, con miras a fomentar el libre comercio, la integración y la inversión intrarregionales.

36.- Reafirmamos que la enseñanza de la Historia contribuye a promover la solidaridad entre nuestros pueblos y apoyamos a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en sus esfuerzos por concluir el proyecto que viene desarrollando sobre la enseñanza de la Historia de Iberoamérica. Dichas conclusiones serán consideradas en la VIII Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

37.- Reiteramos nuestro apoyo a la realización, en 1998, de la Exposición Mundial de Lisboa, EXPO 98, cuyo tema será "Los Océanos, un Patrimonio para el Futuro". Atribuimos la mayor importancia a la contribución que esta exposición traerá para una mejor definición de la gestión adecuada de los recursos hídricos, así como la preservación del medio ambiente, preocupaciones éstas importantes para nuestros países.

38.- Otorgamos fundamental importancia a la difusión y eseñanza del español y del portugués así como a la preservación de su uso como idiomas oficiales de trabajo en foros multilaterales.

39.- Reconocemos la labor efectuada por el "Primer Congreso Internacional de la Lengua Española", celebrado en Zacatecas, México, que supone un hito en un proceso que ha de conducir al enriquecimiento, consolidación y creciente difusión de la lengua española, vehículo de comunicación universal y de progreso y transmisor de cultura. Para ello, es esencial un adecuado conocimiento de la misma por lo que apoyamos los esfuerzos para la obtención de una enseñanza de calidad de la lengua española en los sistemas de educación primaria y secundaria de nuestros países. Asimismo, y según las conclusiones del citado Congreso, apreciamos los esfuerzos desplegados para el establecimiento de un sistema de circulación libre y una rebaja de los fletes postales para el libro impreso en español.

40.- Reconocemos la labor desarrollada en el primer año de existencia de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y hacemos votos para que esta Comunidad, cuyos valores esenciales compartimos, pueda contribuir a afirmar al mundo de lengua portuguesa.

41.- Saludamos con particular entusiasmo la iniciativa de celebrar una Cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea que permitirá a todos nuestros países impulsar el diálogo político ya existente, reforzar el dinamismo de los intercambios económicos y reafirmar la dimensión cultural y humana con una unión histórica, consolidando la relación especifica entre los dos Continentes que tendrá en cuenta la dinámica, periodicidad y alcance de los diálogos subregionales en curso.